Una serie de observaciones realizó la Contraloría General de la República tras auditar los gastos y transferencias realizadas por los Gobiernos Regionales (GORE) de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, en el período comprendido entre enero y septiembre de 2024.
El informe, dado a conocer esta semana, tuvo como foco principal las transferencias de fondos públicos al sector privado, así como el uso de recursos institucionales en el marco de las elecciones municipales y regionales realizadas el año pasado. La Contraloría verificó que no existieran conflictos de interés, ni que los fondos fueran usados con fines políticos o electorales, lo que incluye actividades de campaña o propaganda.
Uno de los casos más complejos corresponde al Gobierno Regional de Los Ríos, donde se detectó un saldo pendiente de rendición por más de $8.651 millones en transferencias al sector público, parte de las cuales se remontan al año 2015. Según el informe IF N°897 de 2024, estos montos corresponden a 201 registros aún no justificados, lo que motivó la instrucción de un sumario administrativo.
A este saldo se suma otro por $7.940 millones, correspondiente a anticipos también sin rendición, lo que refleja una gestión deficiente del control financiero interno. En respuesta, la Contraloría exigió la revisión de los procedimientos del GORE de Los Ríos y la determinación de eventuales responsabilidades funcionarias.
Entre otras irregularidades, el organismo de control también identificó 162 pagos de viáticos por $5,5 millones, asociados a funciones habituales de 17 funcionarios, situación que no se ajusta a los criterios establecidos para dicho beneficio. Asimismo, se detectó el uso inadecuado de vehículos fiscales, lo que llevó a la instrucción de una investigación sumaria.
Respuesta del Gobierno Regional de Los Ríos
A través de una declaración pública, el Gobierno Regional reconoció la fiscalización de la Contraloría y afirmó haber tomado medidas correctivas. Entre ellas, destaca la creación de una Unidad de Rendiciones, que busca subsanar rendiciones pendientes desde 2015, iniciativa que —según indican— ha sido valorada por la Contraloría.
Además, el GORE señaló haber respondido formalmente al preinforme y manifestó su desacuerdo respecto a las observaciones sobre viáticos y uso de vehículos fiscales, asegurando que cuenta con documentación que respalda el cumplimiento de la normativa vigente. También solicitaron reconsideración al ente contralor y audiencias con la Contralora Nacional, las que aún no han sido respondidas.
Según el comunicado, al 30 de abril de 2025, los equipos técnicos ya han alcanzado un 46% de cumplimiento de las observaciones emitidas por la Contraloría, comprometiéndose a entregar reportes mensuales hasta completar el 100%.
Finalmente, desde el Gobierno Regional reafirmaron su «compromiso irrestricto con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos», destacando la importancia de la fiscalización como parte del proceso de mejora institucional, así lo defendió el gobernador regional, Luis Cuvertino.
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