Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, la abogada defensora Tabata Recabarren, representante del imputado de 25 años investigado por el atropello múltiple ocurrido en La Unión, cuestionó el actuar del Ministerio Público y del tribunal, asegurando que la defensa no ha tenido acceso a la totalidad de los antecedentes de la investigación, lo que –a su juicio– vulnera garantías fundamentales del debido proceso.
La profesional sostuvo que la Fiscalía ha presentado antecedentes de manera parcial e interpretativa, haciendo referencia incluso a criterios científicos y registros fotográficos que la defensa no ha podido revisar íntegramente para ejercer adecuadamente el derecho a defensa. En ese contexto, solicitó que el Ministerio Público remitiera todos los antecedentes disponibles, argumentando que la igualdad de armas, la bilateralidad de la audiencia y el acceso a la información constituyen garantías esenciales del proceso penal.
Tras el rechazo de esa solicitud, Recabarren dejó constancia en la audiencia de una eventual vulneración al debido proceso, a la igualdad de armas y al derecho a defensa, señalando que prepararía los recursos procesales correspondientes para impugnar dicha decisión.
Asimismo, durante la audiencia hizo referencia a la exposición pública del caso, indicando que incluso se mencionaron publicaciones realizadas en redes sociales y que tanto ella como su entorno han sido objeto de amenazas y cuestionamientos debido a la amplia cobertura del caso en medios de comunicación y plataformas digitales. La defensora sostuvo que esta situación ha generado un ambiente de presión que no debe interferir en el desarrollo de un proceso judicial que debe regirse exclusivamente por el derecho y las pruebas.
Respecto del fondo de la causa, la abogada manifestó que su representado expresa un «total y absoluto arrepentimiento» por lo ocurrido y lamenta profundamente la muerte de las víctimas, las lesiones sufridas por los sobrevivientes y los daños ocasionados. Sin embargo, afirmó que la defensa sostendrá durante la investigación que los hechos corresponden a un accidente y que aún no existe una determinación definitiva sobre la responsabilidad penal del imputado.
En ese sentido, argumentó que será el Ministerio Público quien deberá acreditar científicamente el nexo causal entre una eventual ingesta de alcohol y el resultado fatal del accidente, insistiendo en que esa materia aún se encuentra en investigación.
La abogada defensora Tabata Recabarren también destacó que el imputado ha colaborado desde el inicio con las diligencias, entregando declaración voluntaria, facilitando la incautación del vehículo involucrado y accediendo a la extracción de muestras de sangre para determinar su nivel de alcohol.
Además, expuso antecedentes personales del joven de 25 años, señalando que se encontraba preparándose para obtener su licencia de conducir, que mantenía una vida ligada al deporte y que actualmente presenta un delicado cuadro de salud mental, requiriendo tratamiento psiquiátrico, psicológico y farmacológico, además de haber permanecido anteriormente hospitalizado por ideación suicida.
La defensora sostuvo que la prisión preventiva impediría que su representado continúe recibiendo dicho tratamiento y afirmó que no constituye un peligro para la investigación ni para la seguridad de la sociedad, considerando además la colaboración prestada durante el proceso.
Finalmente, la abogada reiteró que la defensa buscará demostrar que la pérdida de control del vehículo obedeció a factores asociados a las condiciones de la vía y no necesariamente a la ingesta de alcohol, solicitando al tribunal sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar de menor intensidad, como el arresto domiciliario total o la internación en un centro de salud donde el imputado pueda continuar con su tratamiento médico.
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