El Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno dictaminó que la Municipalidad de Río Bueno deberá indemnizar con $20 millones por daño moral a un funcionario que fue apartado de su cargo de manera irregular en enero de este año, mientras ejercía como director subrogante del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).
El fallo, emitido el 29 de mayo, concluyó que la desvinculación del trabajador no solo careció de respaldo administrativo, sino que además vulneró sus derechos fundamentales al exponerse públicamente mediante una declaración emitida por la casa edilicia, sin la existencia de un procedimiento formal previo.
De acuerdo con el tribunal, la medida fue impulsada por la entonces alcaldesa Carolina Silva Pérez, quien solicitó la renuncia del funcionario en el contexto de una denuncia por presunto maltrato infantil dirigida a una educadora de párvulos. Sin embargo, el juez constató que no se inició sumario administrativo ni se dictó resolución que justificara la salida del funcionario, calificando el actuar municipal como «abusivo, desproporcionado e ilegal».
“La naturaleza de la comunicación que hace la alcaldía por medio de la Declaración Pública de fecha 5 de enero de 2024, en cuanto a su redacción y contenido, permite comprender, sin lugar a dudas, cómo es que el denunciante considera que su honra se ha visto afectada”, señala la sentencia.
El juez también consideró que la exposición pública provocó un deterioro considerable en la salud mental del afectado, identificado como Jaime Bórquez, indicando que su estado anímico continúa resentido por lo ocurrido.
Además de la indemnización económica, la sentencia establece una serie de medidas reparadoras. Entre ellas, la publicación de una declaración rectificatoria en redes sociales, medios de prensa y canales internos del municipio, aclarando que la desvinculación del funcionario no tuvo relación con interferencias en procesos administrativos. También se instruyó que el municipio realice una capacitación obligatoria en derechos fundamentales y comunicación institucional, y se asegure atención médica psiquiátrica al afectado, gestionada a través de la mutual correspondiente.
Este fallo marca un precedente relevante en la región, al establecer límites claros en el ejercicio del poder administrativo y la protección de los derechos laborales dentro del sector público. Hasta el cierre de esta edición, desde la Municipalidad de Río Bueno no se han referido públicamente al dictamen.
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