Chile es un país que conoce los efectos de las emergencias, incendios, terremotos, inundaciones y otras catástrofes han marcado la vida de miles de familias y compatriotas, obligándolas a reconstruir no solo sus viviendas, sino también sus proyectos de vida.
Pero, en estas situaciones de catástrofe o emergencia, surge una problemática invisibilizada: la falta de un título de dominio regularizado.
Cuando una familia pierde su vivienda o esta resulta gravemente dañada, necesita respuestas rápidas. Sin embargo, si no puede acreditar jurídicamente la propiedad del inmueble, puede encontrarse con una barrera adicional para acceder a subsidios habitacionales, programas de reconstrucción y otras ayudas estatales. Es decir, después de enfrentar una catástrofe, una familia puede verse obligada además a enfrentar la burocracia.
Eso es precisamente lo que debemos cambiar. El Gobierno de nuestro Presidente don José Antonio Kast, en conjunto con nuestro Ministerio de Bienes Nacionales, presentó el Proyecto de Ley de Regularización de Emergencia, a fin de responder oportunamente en situaciones de emergencia y/o excepcional, esta iniciativa propone establecer un procedimiento especial para personas damnificadas, reduciendo un proceso que actualmente puede extenderse entre 18 y 24 meses a aproximadamente seis meses. Además, contempla la gratuidad del procedimiento para quienes resulten afectados por una catástrofe.
La importancia de esta propuesta no está solamente en reducir meses de tramitación, está en comprender que detrás de cada expediente existe una persona, una familia y una historia que necesita ser reconstruida.
Los números son elocuentes. Actualmente existen más de 68 mil solicitudes de regularización en trámite a nivel nacional. En la Región de Los Ríos, a mayo de 2026, se contabilizaban 5.845 solicitudes. Este rezago nos obliga a mirar el problema con sentido de urgencia y, al mismo tiempo, con una perspectiva de largo plazo.
Regularizar una propiedad no significa simplemente entregar un documento. Significa otorgar certeza jurídica, seguridad patrimonial y nuevas oportunidades, cuando hablamos de regularización de la pequeña propiedad raíz, estamos hablando de dignidad, de protección social y de movilidad social
Por eso, esta política pública tiene un profundo componente social. La información disponible muestra que quienes recurren mayoritariamente a estos procesos son mujeres jefas de hogar, adultos mayores y familias pertenecientes a los sectores más vulnerables.
En otras palabras, como Ministerio de Bienes Nacionales tenemos la responsabilidad de que el Estado sea capaz de responder a las necesidades reales de las personas, significa avanzar desde un Estado que muchas veces reacciona ante los problemas hacia un Estado que también sea capaz de anticiparse a ellos… “no estamos esperando la próxima emergencia; nos estamos preparando para ella”.
El Estado debe acompañar, facilitar y entregar certezas. Ese es el verdadero sentido de modernizar la gestión pública, procedimientos más rápidos, con un Estado que sea más humano, oportuno, eficiente y cercano.
Desde la Región de Los Ríos sabemos que detrás de cada solicitud hay una familia que espera, un proyecto y sueño familiar.
En cada Título de Dominio que se gestiona hay mucho más que un papel, hay tranquilidad, seguridad y la posibilidad concreta de construir un futuro con mayor autonomía para seguir adelante.
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